Lunes, 08 Enero 2024 00:17

Comunicado de Crue sobre la entrada en vigor de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares Destacado

Escrito por G.C.

Las universidades españolas hemos pasado a aplicar, desde el 1 de enero de 2024, la Disposición Quincuagésima Segunda del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, por la que se establece la cotización en la Seguridad Social del estudiantado que realice las prácticas curriculares incluidas en sus planes de estudio.



En el momento actual, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) quiere dejar constancia de las siguientes circunstancias:

  1. A pesar de que dicha Disposición atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a las entidades receptoras del estudiantado en prácticas, tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas. En el caso de las empresas, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa.
  2. Resulta especialmente sorprendente que hayan sido los propios ministerios dependientes del Gobierno que ha generado esta regulación y muchos organismos autonómicos los que hayan eludido su responsabilidad en la gestión administrativa y pago de estas cotizaciones, tal y como establece la Disposición Quincuagésima Segunda. Cabe poner como ejemplo lo sucedido con los ministerios con competencias en Defensa, Justicia o, incluso, con el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros, que se han dirigido por escrito a las universidades para solicitar el cambio de los convenios regulatorios para que sean las instituciones universitarias las que asumamos toda la gestión y pago dentro del nuevo sistema. En el caso de las comunidades autónomas solo algunas han asumido el coste, pero en ningún caso la gestión.
  3.  Las universidades hemos sostenido numerosas reuniones con los responsables provinciales y nacionales de la Tesorería de la Seguridad Social con el objeto de que nos definiera un procedimiento técnico lo más claro y preciso posible para poder llevar a término la aplicación de la mencionada Disposición. Cabe señalar que la enorme dimensión y heterogeneidad del colectivo estudiantil plantea numerosas dudas a la hora de realizar los procesos de altas y bajas. Algunas dudas han sido efectivamente resueltas, pero aún quedan por resolver otras muchas que afectan, por ejemplo, a cómo actuar con el estudiantado en movilidad saliente o entrante o con el estudiantado que en este momento recibe tratamiento médico dentro de la cobertura que se proporciona a sus progenitores a través de MUFACE.
  4.  Las universidades, por lo demás, nos sentimos agraviadas, en términos comparativos, al conocer cómo desde el Gobierno se ha asumido la gestión y coste de las prácticas correspondientes al estudiantado de FP, sin dar el mismo tratamiento al estudiantado universitario, lo cual establece un evidente principio de discriminación.
  5. Igualmente, queremos manifestar nuestra sorpresa al ver el alto grado de improvisación y confusión con el que esta medida se está implementado. En todo este proceso las universidades no hemos sido consultadas ni informadas por los cauces normales de una relación leal entre instituciones.
  6. Las universidades estamos preocupadas por las informaciones inexactas que se están difundiendo, en las que el estudiantado en prácticas resulta erróneamente identificado con el estudiantado becario; en las que se confunden las prácticas curriculares con las extracurriculares, aun siendo estas de muy distinta naturaleza y tratamiento, o en las que se habla de situaciones como el encadenamiento de prácticas que, lógicamente, no tiene cabida en la implementación de un plan de estudios.
  7. Las universidades, a pesar de sus muchas dificultades financieras, han asumido el coste de estas cotizaciones (unos 9 millones de euros anuales siempre que se mantenga la bonificación) y, sobre todo, el enorme esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que nos está obligando a incrementar nuestras plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal.

Ante todo lo expuesto, las universidades españolas quieren dejar constancia de su plena disposición para que el nuevo sistema se pueda aplicar con todas las garantías y quieren trasladar tranquilidad a sus estudiantes, pues seguirán actuando con la responsabilidad y el compromiso institucional que las caracteriza y velando siempre por la mejor formación y empleabilidad de su estudiantado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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